Si bien la Ley General de Persona con Discapacidad promueve la contratación de personas con habilidades diferentes, las desventajas en términos de educación y capacitación constituyen uno de los principales obstáculos para el cumplimiento de la normativa.

En la actualidad, la incorporación de personal calificado en empresas peruanas se ha vuelto más rigurosa, exigiéndose requisitos intelectuales y académicos. Algo que resulta más complejo para personas que cuentan con alguna discapacidad física o intelectual, que en ocasiones no son aceptados para laborar.
Según el artículo 2 de la Ley General de Personas con Discapacidad, una persona discapacitada es: “Aquella que tiene una o más deficiencias físicas, sensoriales, mentales o intelectuales de carácter permanente” (Ley N°29973, 2012). Por otro lado, también es necesario hacer mención sobre el concepto de grupos vulnerables. Héctor Lamas (2004), señala que “son aquellos identificados como sujetos en situación de desmedro o desventajas sociales originadas a partir de múltiples y diferentes factores” (pág.5). Con estas definiciones tomamos un punto de partida para exponer la situación de la inclusión laboral nacional.
En el año 2018 se registraron 3 millones 612 mil personas con discapacidad, lo que representa el 10.4% de la población del país (Diario El Comercio, 2018). Por otro lado, el gerente general de Fais Perú, Alberto Casas, señala que “de acuerdo a la Ley Nº 29973, las entidades públicas están obligadas a contratar personas con discapacidad en una proporción no inferior al 5%”. Sin embargo, algunos artículos de esta ley no se aplican de manera correcta, a excepción de algunas grandes empresas. Como se señala en el diario Gestión: “Grupo de empresas como el Banco de Crédito del Perú, Aje, Tailoy, BBVA Banco Continental, Tottus, Avianca, Antamina, Rímac, Telefónica del Perú, se unieron para iniciar la campaña «Mi Capacidad para Destacar”.
Dicha campaña promueve la contratación de personas con discapacidad en grandes empresas como las mencionadas y busca que se tome conciencia sobre la cuota de contratación según estipula la Ley General de personas con discapacidad. Por otro lado, busca concientizar y sensibilizar a los altos mandos gerenciales que la contratación de personas con discapacidad genera beneficios sociales en temas de responsabilidad social reflejado en la imagen de la empresa. Sin embargo, la contratación es una parte de la solución para llegar a la inclusión laboral de personal discapacitado, ya que dentro de las empresas contratantes se debe dictar capacitaciones que se adapten a las necesidades del personal ingresante, es decir, una enseñanza especializada, ya que las mayores dificultades se inician en el proceso de aprendizaje, donde debe haber una planificación de todos los posibles escenarios en los que puedan presentarse obstáculos. Como explica César Torres, “de acuerdo a las personas con discapacidad, la baja formación y capacitación es uno de los principales factores que impiden el acceso a un empleo digno”. No se puede pasar por alto que la educación es clave para lograr un progreso continuo y sostenible para este grupo vulnerable, crear conciencia en ellos y promover acciones de apoyo educativo. Es aquí donde el gobierno debe estar a la vanguardia con nuevos métodos de inclusión educativa.
Por lo expuesto, podemos afirmar que el Perú se encuentra en un proceso de inclusión de temprana edad debido a que las normas vigentes tienen escasa incidencia en la problemática y son pocas las empresas que participan en esta iniciativa. La inclusión laboral no es solo un tema que deba ser tratado por empresas cuando es un asunto de interés nacional, se debe implementar programas de educación. Como mencionan Quiroz, Cordero y Giraldo: “fortalecer el acceso a la educación y formación de las personas con discapacidad, así como desarrollar las competencias del docente en materia de discapacidad, (…), pues el bajo nivel educativo constituye la principal desventaja en este grupo vulnerable.” (pág. 182)
La inclusión laboral de personas discapacitadas se debe combatir desde la educación. Para ello, el gobierno en conjunto debe formar programas de educación especializada en cada una de las diferentes discapacidades mencionadas, con la finalidad de fortalecer a este grupo vulnerable y evitar así una desventaja frente a otras personas en el aspecto laboral.
Por el lado del emprendimiento, existe una plataforma encargada de ayudar a personas discapacitadas a contactarse con empresas que buscan ciertos perfiles acorde a las necesidades del mercado. Este es el caso de Disiswork, una plataforma y a la vez consultora que brinda servicio de asesoría en la elaboración de currículum vitae adecuado, capacitación, preparación para entrevista y talleres de habilidades blandas. Fue creada por dos alumnos de la Universidad de Lima, David Farro y Augusto Enríquez. Este último refiere que “Disiswork es clave para dar un servicio integral, apuntando a enlazar las habilidades de los trabajadores y potenciar sus CV”.
Otro caso de emprendimiento en beneficio de personas discapacitadas es incluyeme.com, una plataforma de reclutamiento de personal discapacitado que ofrece a empresas servicios de concientización, evaluación técnica del puesto de trabajo, entrenamiento y difusión de empleo. Por otro lado, ofrece servicio de ayuda a personas en búsqueda de empleo y preparación para entrevistas presenciales. Esta opera en dentro de Latinoamérica (México, Colombia, Argentina, Perú, Chile y Paraguay), cuenta con presencia en medios como Forbes, Discovery Channel, Fox, National Geographic Channel, Bloomberg, Entrepreneur y TechCrunch.
Estas iniciativas son de gran apoyo para los grupos vulnerables, ya que funcionan como una herramienta para facilitar el acceso a empleo de personas discapacitadas según sus cualidades. El reclutamiento de personal discapacitado fortalecerá la tolerancia, respeto y sensibilizará a los miembros de la empresa con el fomento de la no discriminación. Asimismo, se consigue difundir esta práctica otras empresas, disminuyendo las barreras a la inclusión social.
*Este post es una colaboración de Anthony Llique y Héctor Torres, estudiante y docente de la carrera de Administración y Negocios Internacionales de la Universidad Privada del Norte.
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