En su último comunicado (3 de septiembre de 2015), el Comité Multisectorial encargado del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) mantiene el estado de alerta debido a las condiciones de un evento cálido de magnitud fuerte, con temperaturas sobre lo normal en la costa.

Esta primera fase de El Niño costero sigue declinando ligeramente, pero existe un 95% de probabilidad de que se extienda hasta el próximo verano y alcance las magnitudes observadas en los veranos de 1982 y 1998.
El impacto de El Niño en la economía peruana es considerable. Se refleja en la caída del PBI y los principales sectores productivos afectados son agricultura, pesca, minería, industria y comercio. Según la Corporación Andina de Fomento (CAF), se estima que el periodo 1982-83 el Fenómeno El Niño afectó con el 7% del PBI, lo que se tradujo en millones de dólares en pérdidas para el país.
Durante el evento 1997-98 se calcula que afectó con el 5% del PBI (aproximadamente US$ 3,500 millones en pérdidas). En el presente mes, según el ENFEN, se estima una probabilidad del 55% de que El Niño alcance una magnitud fuerte o extraordinaria este verano 2016. Para que esto ocurra, durante octubre y noviembre el calentamiento superficial en el Pacífico oriental deberá ser suficientemente elevado.
El Instituto de Defensa Civil estimó este año que casi 12 millones de personas que viven en 71 mil centros poblados se ubican en zonas de alto riesgo. Los más afectados serían la zona norte con Piura, Cajamarca y La Libertad.
Según últimos estudios de la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (ASPEG), El Niño actual, de ser intenso, impactaría con US$ 3,700 millones. De acuerdo a lo ocurrido en años anteriores, la zona norte sería la más afectada, especialmente los sectores agricultura, vivienda, transporte y saneamiento con un fuerte impacto en la economía peruana.
Las fuentes de financiamiento para atender el probable FEN serían el presupuesto público, endeudamiento y mecanismos para la tercerización de riesgos.
Un informe realizado en 2012 por las consultoras Elsa Galarza y Joanna Kámiche propone un interesante esquema de instrumentos financieros y de seguros para trasladar el riesgo de este fenómeno en los sectores económicos. En el caso del sector agrario propone un esquema de seguros de tres tipos: convencional, microseguros e indexado, tomando en cuenta la capacidad de pago de las primas por parte de los agentes demandantes, así como el nivel de daño potencial.
En el caso de la infraestructura de gran tamaño, como la de los sectores de transporte, saneamiento, agua, salud y educación, se propone una combinación de seguro indexado (para evitar los costos de evaluación de daños) y de bonos catastróficos. En este último caso, se requiere un trabajo coordinado entre las regiones para lograr el volumen adecuado, que permita reducir costos de transacción.
En el caso de bienes privados (viviendas, negocios y actividades productivas), se requiere una combinación de seguros convencionales y microseguros, considerando la capacidad de pago de los potenciales afectados; además de un fondo de reserva público para atender a la población más vulnerable y de mayor condición de pobreza, dado el potencial impacto negativo de la pérdida de vivienda en el bienestar de la población.
Para reducir la vulnerabilidad y los riesgos se requiere que las instituciones públicas y privadas reconozcan la importancia de la información sobre los daños que causa este fenómeno en los sectores productivos, sociales y de infraestructura de manera directa e indirecta.
La idea es prevenir y contar con alternativas de seguros para transferir el riesgo frente a este problema que se presenta de manera periódica y afecta la economía en nuestro país.
*Este post es una colaboración de Jesús S. Benítez Gamboa, coordinador de la carrera de Economía de la Universidad Privada del Norte.
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